Videla está acusado de haber participado en 21 apropiaciones
Publicado el 2 de Marzo de 2011
El fiscal le imputó al ex dictador las sustracciones de menores ocurridas cuando comandaba las FF AA.
El Tribunal Oral Federal Nº 6 reanudó ayer las audiencias del juicio por el Plan Sistemático de robo de bebés. Esta vez, el ex dictador Rafael Videla se sentó solo en el banquillo de los acusados en los tribunales de Comodoro Py, mientras los secretarios del tribunal leían el requerimiento de elevación a juicio en su contra.
La audiencia, que había comenzado a las 9:30, sólo se extendió hasta el mediodía porque el resto de los acusados ya había escuchado las imputaciones el lunes, en el comienzo de la etapa oral. Se trata del ex dictador Reynaldo Bignone, los ex jefes de la Armada, Rubén Franco y Antonio Vañek, el ex jefe de inteligencia del Grupo de Tareas de la ESMA, Jorge “Tigre” Acosta y el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros.
Para los próximos días se espera la acusación de la fiscalía contra el ex prefecto Jorge Azic, por la apropiación de la diputada y nieta recuperada Victoria Donda, y el ex médico de la ESMA, José Luis Magnacco, acusado de participar en varios de los partos de las mujeres presas en ese centro clandestino de detención.
En el pedido de elevación, el fiscal federal Federico Delgado le imputó a Videla haber participado en 21 de los 34 casos de sustracción, retención y ocultamiento de menores, así como en la sustitución de sus identidades. Uno de los casos más conocidos es el del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuya hija Laura fue secuestrada con dos meses de embarazo y dio a luz en la ESMA.
“En su condición de comandante en Jefe del Ejército Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de julio de 1978, tenía el comando operativo de todos los centros clandestinos de detención que dependían de esa fuerza y de los procedimientos llevados a cabo por personal subalterno. En tal carácter deberá responder en calidad de autor mediato por los hechos descriptos en el párrafo precedente”, argumentó el funcionario.
La causa “Plan Sistemático” comenzó el 30 de diciembre de 1996 con una denuncia de Estela de Carlotto y de María Chorobik “Chicha” de Mariani por 280 casos de bebés robados en el transcurso de la llamada “Lucha Antisubversiva” implementada durante la última dictadura.
A la causa original, conocida como “Nicolaides”, por el fallecido ex comandante de Institutos Militares, se incorporó después la actuación contra Videla. Según consta en el expediente, el ex juez Roberto Marquevich entendió en 1998 que “la semejanza entre ciertos hechos de apropiación de niños distaba de ser obra de la casualidad, y que por el contrario, era resultado de un propósito único o concierto previo ideado por Videla, en su carácter de comandante en jefe del Ejército Argentino”. Luego, la Cámara Federal de San Martín declaró su conexidad con la causa “Nicolaides”, provocando su acumulación.
En la audiencia del lunes, los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri escucharon el detallado análisis de la fiscalía sobre la “Cuestión de los niños” durante la dictadura.
El fiscal Delgado consideró que los militares se toparon con el problema de los hijos de las detenidas y su reacción fue la creación de maternidades clandestinas como las que funcionaron en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) de la ESMA, Campo de Mayo y Pozo de Banfield, donde además de atender los partos de sus detenidas funcionaban como lugares de tránsitos de mujeres embarazadas que estaban en otros CCD. En la causa también se incluyen otros CCD como La Cacha, Comisaría 5º de La Plata, Automotores Orletti, el Vesubio y Olimpo, donde hubo nacimientos pero no funcionaron maternidades clandestinas.
“La particular distribución de “maternidades”, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, constituye uno de los rasgos empíricos que demuestran cómo en el “durante” de la represión ilegal se incorporó como una dimensión del plan criminal general la sustracción de los hijos de las mujeres ilegalmente detenidas y su posterior entrega a terceras personas”, explicó el fiscal Delgado
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